La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la falta de autonomía del Poder Judicial es uno de los principales problemas del sistema de penal venezolano, como consecuencia de una justicia que es impartida a través de decretos presidenciales; situación que fue igualmente señalada en el Informe titulado “Políticas Públicas de Convivencia y Seguridad Ciudadana para el Distrito Metropolitano de Caracas” elaborado por este instituto.
De la misma manera, se ha indicado que el gobierno nacional utiliza la justicia como una herramienta política y no para la protección del ciudadano de la delincuencia; esto último se ha asociado con una ausencia de voluntad política que no es favorable para la tarea que tiene como objetivo principal solventar los problemas de seguridad (OVV, 2010).
Esta ausencia de autonomía se hace notoria en las declaraciones de la Presidenta del
Tribunal Supremo de Justicia, Luisa E. Morales, quien en el marco del inicio del año judicial 2010 exigió la creación de nuevos valores para los jueces socialistas y plantea como condición necesaria que el personal que conformará al Tribunal Supremo de Justicia debe ser egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, institución de educación superior cuyos ideales coinciden con los de la Revolución Bolivariana promovida por el Jefe del Ejecutivo Nacional desde el año 1999.
En cuanto a la estructura judicial la CIDH denuncia que el 52% del total de jueces del
sistema penal venezolano son provisorios y, por tanto, no gozan de estabilidad en sus cargos, pueden ser fácilmente removidos sin la apertura de procesos judiciales formales, ser encarcelables y como consecuencia directa, no brindan seguridad jurídica al Sistema de Justicia Penal Venezolano (CIDH, 2010).
Según el Director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, otros
factores han afectado el desempeño institucional del sistema de administración de justicia. La crisis eléctrica nacional ha tenido influencia puesto que el nuevo horario de los funcionarios públicos, que reduce la jornada laboral a cuatro horas, ha aumentado en un 70% el retardo procesal de la población reclusa, que en un 80% no ha sido sentenciada ni procesada. De la misma manera indica que los procesos de juramentación y designación de jueces han comenzado a ser establecidos bajo otros criterios, que no reconocen como principio primordial la calidad y profesionalidad de los aspirantes a tan importante cargo del sistema de administración de justicia venezolano. (OVP, 2010)
Cada año, cerca de 1,3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito —más de 3000 defunciones diarias— y más de la mitad de ellas no viajaban en automóvil. Entre 20 millones y 50 millones de personas más sufren traumatismos no mortales provocados por accidentes de tránsito, y tales traumatismos constituyen una causa importante de discapacidad en todo el mundo.
El 90% de las defunciones por accidentes de tránsito tienen lugar en los países de ingresos bajos y medianos, donde se halla menos de la mitad de los vehículos matriculados en todo el mundo. Entre las tres causas principales de defunciones de personas de 5 a 44 años figuran los traumatismos causados por el tránsito. Según las previsiones, si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces, dichos traumatismos se convertirán en la quinta causa mundial de muerte, con unos 2,4 millones de fallecimientos anuales. Ello se debe, en parte, al rápido aumento del mercado de vehículos de motor sin que haya mejoras suficientes en las estrategias sobre seguridad vial ni la planificación del uso del territorio. Se ha estimado que las colisiones de vehículos de motor tienen una repercusión económica del 1% al 3% en el PNB respectivo de cada país, lo que asciende a un total de más de $ 500 000 millones. La reducción del número de heridos y muertos por accidentes de tránsito mitigará el sufrimiento, desencadenará el crecimiento y liberará recursos para una utilización más productiva.
Además de los traumatismos causados por el tránsito, el aumento del mercado de vehículos de motor ha tenido otras repercusiones negativas en la salud humana y el medio ambiente mundial. Numerosas partes del mundo ya se están viendo afectadas por el cambio climático, y hay pruebas de que el transporte vial que sigue dependiendo en buena medida del petróleo— representa el 14% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Tales emisiones afectan directamente la salud humana a través de la contaminación del aire y sus efectos respiratorios. La salud también se ve afectada negativamente a través de la reducción de la actividad física como resultado de la dependencia del transporte motorizado.
Las instancias decisorias están examinando en todo el mundo el modo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y su impacto en los cambios climáticos mundiales. Por tanto, las actividades que forman parte del Decenio de Acción para la Seguridad Vial también tendrán un impacto en las medidas adoptadas para mejorar los sistemas de transporte sostenible como una de las formas de mitigar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, la disminución del empleo de vehículos de motor fomentando el uso de formas seguras y menos contaminantes de transporte público y la movilidad activa generaría una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y tendría beneficios comunes en la salud, y en particular en la reducción de los traumatismos causados por el tránsito.
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